Bogotá, D.C.

De acuerdo con la ponencia conocida por la opinión pública para primer debate del Proyecto de Ley No. 311/2019 (Cámara) y 227/2019 (Senado) “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 <<Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad>>, advertimos con preocupación la inclusión de las proposiciones que fueron aprobadas el pasado viernes 22 de marzo y que establecen aranceles al sector de las confecciones.

La inclusión de estos artículos iría en contravía de lo suscrito por Colombia en los diferentes acuerdos comerciales vigentes en el marco internacional, generando una violación a los mismos y exponiendo a la nación al incumplimiento de tratados internacionales. El país puede preciarse de ser un fiel cumplidor del marco normativo internacional, esta iniciativa estaría en contra de su tradición.

Del mismo modo, es posible que algunos socios comerciales presenten medidas retaliatorias frente a esta disposición, lo cual deja al país en una posición desventajosa para la estrategia de diversificación de mercados que permitiría internacionalizar la economía e incrementar las exportaciones del país.

En cuanto al espíritu de lo que buscan los dos artículos, incrementar el arancel de las confecciones importadas al país puede, por el contrario, aumentar el ingreso ilegal de los productos que se pretendan proteger, pues se estaría ampliando el margen de rentabilidad del contrabando del sector. El aumento del contrabando de prendas de vestir afectaría aún de mayor manera a los confeccionistas del país. En ese sentido, la norma terminaría favoreciendo el comercio ilegal de mercancías. La evidencia muestra que en el pasado, cuando se tomaron medidas similares, como en efecto ocurrió entre 2013 y 2017 el contrabando continuó y la subfacturación de precios aumento.

Igualmente entre el 2013 y 2017, se colocaron este tipo de medidas para países con los cuales no se tienen suscritos TLC´s lo que se presento fue la triangulación de las mercancías.

Así pues, la evidencia  muestra que este tipo de medias no tiene un efecto positivo real sobre la industria nacional y si termina afectando a los consumidores que tendrían un sobre costo efectivo de más del 200 % en el precio de los productos.

Por su parte y de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país, emanado de la Constitución Política del país, corresponde al Ejecutivo modificar por razones de política comercial, los aranceles que aplican en el país para los bienes que son importados al

territorio nacional. De llegar a aprobarse estos dos artículos, se estaría generando un corto circuito en el Estado a través de la imposición de normas que le corresponden a otra rama. En ese sentido, advertimos con preocupación que el Legislativo se tome atribuciones que le corresponden al Ejecutivo por el ordenamiento jurídico que parte de la Constitución Política colombiana.

Hacemos un llamada al Congreso de la República para que no se aprueben estos dos artículos de incremento de aranceles a las confecciones y se adopten por parte del ejecutivo medidas tendientes a controlar de manera efectiva el ingreso de bienes con precios subfacturados o abiertamente ilegales.