Por: Jorge Vergara Carbó
El gobierno a través de la Superservicios(José Miguel Mendoza) intervino la empresa el 15 de noviembre del año 2016. Es decir estamos a un mes quince días de cumplir los cuatro años de intervención. Nombraron primero como Agente Interventor a Javier Lastra, quién recibió la empresa con unas perdidas financieras acumuladas de $741.056 millones, con un recaudo promedio del 85%, unas pérdidas de energía físicas y negras (robo) del 18%. Ante su renuncia nombraron a la actual Agente Especial Ángela Patricia Rojas. Ambos llevaron a la empresa a unas pérdidas financieras acumuladas superiores a los $4 billones, bajaron los recaudos a niveles por debajo del 60%, y las pérdidas físicas y negras al 38%.En el 2019, las pérdidas fueron del 26.3%(5.463 GWH). Un patrimonio negativo a diciembre 2019, de ($1.3 billones), lo que significa que se perdió el 62%, del capital pagado y suscrito que era de $2.1 billón. Una cartera superior a $1.4 billones, en su gran mayoría irrecuperable por ser superior a 12 meses, y una cartera recuperable de $337.631 millones, menor de 90 días.
De acuerdo a estos resultados podemos concluir con propiedad que la administración de Electricaribe en manos de los Agentes Especiales fue desastrosa. Repitiendo la historia de lo acontecido con la primera privatización que se hizo en el año 1.998, ante la intervención que ejercía la Superservicios de las electrificadoras de la Costa Caribe, nombrando en cada una de ella como gerentes a funcionarios de la entidad sin conocimiento del sector, dando como resultado malos manejos y la quiebra de las empresas.
Ambas ventas se hicieron a través de “subasta”, la primera en el Hotel del Prado, con presencia del Ministro de Minas Orlando Cabrales (si el mismo que no permitió Termo Atlántico, pero que construyo termo Bayunca de su propiedad) y la directora del DNP Cecilia López. Fue una subasta de uno. Vendieron por US$800 millones a la Electrificadora de Caracas y Reliant Energy de Chicago. Estos en el año 2000, se la vendieron a Unión Fenosa por US$400 millones, quienes explotaron la empresa por 15 años y 10.5 meses. En ese tiempo la empresa arrojó unas pérdidas acumuladas según sus estados financieros a 31 de diciembre del 2016, de $741.056 millones.
Su último gerente expreso lo siguiente: “El español José García Sanleandro, exgerente de Electricaribe, indicó en su momento que existía un importante volumen de pérdida no técnica, por fraude de energía, la cual en 2015 le representaba a la compañía 800 mil millones de pesos, además de un impago de facturas por parte del 56 % de la Costa, que significó que ese mismo año generó una cartera de $ 1,6 millones de pesos. Esto a pesar que el 80 % de los clientes de Electricaribe son estratos 1,2 y 3 que reciben subsidios del Gobierno de entre el 15 y el 60 % de la factura. García Sanleandro indicó que era incapaz de resolver los grandes problemas de morosidad y fraude sin la ayuda del gobierno colombiano”.
A raíz, de la intervención que a nuestro juicio fue inconveniente para el país, al no esperar unos seis meses para que los españoles se declararan en quiebra, le abrimos las puertas para que demandaran al gobierno colombiano por expropiación de sus acciones y su falta de apoyo. Esta intervención fue motivada por gobernadores, parlamentarios y gremios de la Región Caribe, que a través de los medios de comunicación le pedían al gobierno que interviniera la empresa.
Tenían prisa. Ellos no podían esperar que los españoles se declararan en quiebra, tal como lo confirmó su gerente Sanleandro , de que no invertirían un solo peso más. La quiebra era inminente su declaratoria no superaría los seis (6) meses. Al declararse en quiebra el gobierno nacional recibiría la empresa no solo sin tener que pagar un peso, sino también evitarse una demanda internacional.
Parecería de acuerdo a los resultados que el negocio para quienes presionaron la intervención, era justamente que los españoles (ENERGY) demandaran. Así lo hicieron ante la CIADI (Tribunal de Arbitramento del Banco Mundial) por US$1.626 millones, es decir unos $6 billones. Dinero suficiente para comprar muchas conciencias. ¿Quién, o quienes responden por esta decisión, usted presidente Duque o la Superservicios o quienes presionaron al gobierno para que interviniera la empresa? De perderse esa demanda, alguien tiene que responder por los US$1626 millones, que nos corresponde pagar ¿Cómo es el negocio socio?
ARGUMENTOS DE LOS ESPAÑOLES PARA SU DEMANDA
Los argumentos centrales de los españoles para su demanda son: a) expropiación de la empresa violando el acuerdo de protección a la inversión extranjera firmado entre el gobierno español y el colombiano. b) El no pago de la factura de los sectores marginales y las entidades públicas.
- c) El robo de energía que afecta los estados financieros.
d)Para disminuir el robo de energía y aumentar el porcentaje de recaudo le solicitaban al gobierno colombiano que interviniera permitiéndole ajustar tarifas, y comprometerse a que las entidades públicas cancelen oportunamente sus facturas e igualmente comprometerse a cancelar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, oportunamente
EL REGALO DEL PRESIDENTE DUQUE Y CONGRESISTAS A CARIBE SOL Y CARIBE MAR $499.762*MILLONES
Lo que el gobierno se negó a entregarles a los españoles, lo hizo con los nuevos dueños. Les autorizo un aumento de tarifas especial, les reconoció una disminución en las pérdidas de energía, fijo una sobretasa de $4 por Kwh consumido, asumió el pasivo laboral y los pasivos antes de la intervención.
Todo lo incluyeron con unos micos en la Ley 1955 de 2019 (Plan de Desarrollo), entre ellos el artículo 318 que autoriza el aumento de tarifas para cuadrar caja. Basados en esa autorización la CREG expidió la Resolución No 010 de enero30 de 2020(régimen transitorio especial en materia tarifaria para la Región Caribe), donde se sientan las bases para el incremento de las tarifas y el reconocimiento por pérdidas de energía negras. En septiembre 8 de 2020, la CREG emitió la resolución No 167(Planes de reducción de pérdidas definidos en Resolución Creg 015 de 2018), con la finalidad de acordar los valores a reconocer. Finalmente el ministerio de Minas y Energía expidió el Decreto No 1231 del 11 de septiembre de 2020, que modifica el Decreto 1073 de 2015, en la cual establece un período de cinco (5) años, para el ajuste tarifario ordenado del 20%, en el costo de comercialización, tasado en $76.50. Lo que un aumento de $15.30 por kilovatio hora consumido, a todas las facturas distribuidos en 5 años. O sea un promedio de $3.06 por año, más el 3%, que se reconoce por pérdidas de energía. A lo anterior hay que sumarle los $4 por kilovatio hora consumido que ordeno el artículo 313 de la Ley 1955 de 2019(Plan de Desarrollo) el cual crea una sobretasa que pagaran los estratos 4, 5 y 6, y sector comercial hasta diciembre del 2022, para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superservicios con la finalidad de apoyar a Electricaribe principalmente.
- Incluye los beneficios otorgados en la Ley 1955/19($161.111) más el monto de la cartera menor a 90 días $337.631 millones.
¿Qué han dicho nuestros padres de la patria sobre esta negociación? Recordemos que en la primera venta de las electrificadoras se quejaron de tal forma que el senador Amylkar Acosta afirmó” que se vendieron a precio de gallina flaca (US$800 millones)”, que dirán ahora, incluyéndolo a él, por haber vendido a Electricaribe por menos de US$268 millones,” después de 22 años “. No han dicho nada a excepción de los senadores Jorge Robledo y José Name, que expresaron su pensamiento en un debate en la Comisión Quinta.
La realidad es que se las regalamos y encima le invertimos $6.8 billones, es posible que le entreguemos la cartera y realicemos las inversiones adicionales que superen los $8.7 billones”. La negociación perfecta para los compradores.
Todo para el privado. Cuando estas empresas eran públicas, para que lo entiendan no recibían subsidio los estratos 1,2 y3. No existían los programas FAES, PRONE y otros. Las inversiones se tenían que hacer con recursos propios y además Corelca imponía el precio de la compra de energía, y la Procuraduría no presionaba al sector oficial para el pago de su factura, como lo hace hoy día y se legislaba en contra de las empresas.
¿QUE SABEMOS DE LA VENTA DE ELECTRICARIBE?
La verdad, es que a la fecha de hoy los colombianos y en especial los caribeños no tenemos conocimiento del negocio que hizo el gobierno con Alberto Ríos y Enerpereira para la venta de Caribe Sol y con EPM para la venta de Caribe Mar.
Solamente conocemos el dato de la venta de Caribe Sol en forma extraoficial sin confirmar su valor por parte del gobierno central, supuestamente fue vendida según declaraciones de la gerente de Enerpereira en $385.000 millones (ver mis escritos sobre el tema)
No han empezado a operar los nuevos dueños, y se empieza a repetir lo que hicieron los españoles de cambiar de razón social y de nombre a la empresa, ya Caribe Sol y Caribe Mar tendrán nuevo operador. La primera será operada por una nueva empresa “AIRE”, cuyas ventas son de 6.01 Gw/año, y la segunda por “AFINA”, con ventas de 6.43 Gw/año. El consumo promedio de Aire es de 414.7 Kwh/mes, y el de Afina 354.1 KW/mes. Aire debe invertir en 10 años $3.7 billones, y Afina $5 billones.
LOS CARIBEÑOS PAGAREMOS ANUALMENTE $162.111 MILLONES A LOS NUEVOS DUEÑOS GRACIAS AL PRESIDENTE DUQUE Y LOS PARLAMENTARIOS CERIBEÑOS.
Los ingresos anuales por la tarifa adicional le generará a Aire (Consorcio de la Costa) $18.390 millones, y a Afina (EPM) $19.676 millones. Por la sobretasa suponiendo que todo se aplica para esas dos empresas le generara solo en la Región Caribe $24.880 millones y por el 3%, reconocido en las pérdidas unos$99.165 millones anuales. Los tres apoyos, le significaran a las dos empresas ingresos adicionales anualmente de $162.111 millones.
Queda un punto sin definir, que no sabemos cómo se manejara, y es la cartera de largo plazo que es irrecuperable y la cartera menor de 90 días, que es recuperable y es de $337.651 millones. ¿Quién cobrará esa cartera y a quién le pertenece ese dinero? Se la regalaran también a los nuevos inversionistas. Nada debe extrañarnos. ¿Puede presidente Duque aclarar este punto, al igual que no cree que es hora de que los colombianos conozcamos con detalle ese negocio? ¿A que le teme?
Es bueno recordar que a los $4.4 billones, gastados hay que sumarle los $2.4 billones, dejados de pagar ante la intervención, lo que significa que el gobierno invirtió $6.8 billones, para obtener solo como ingreso menos de $1 billón. Bonito negocio.
Pero no todo queda ahí, porque al gasto del gobierno en Electricaribe, hay que sumarle la demanda de los españoles por US$1.626 millones. Lo más probable como lo he demostrado en mis escritos anteriores, es que perdamos el pleito jurídico porque los mejores abogados que consiguieron los españoles fueron : el presidente Iván Duque, los ministros de Minas y Energía, la CREG, los parlamentarios del Caribe, que con sus decisiones terminaron aprobando lo que pedían los españoles para seguir con el negocio(Ley 1955 de 2019), y por supuesto los Agentes Especiales que con su mal manejo administrativo y técnico terminaron de quebrar a Electricaribe.
No dudo, que en la CIADI el principal argumento de los españoles, será exponer con claridad el pésimo resultado financiero y técnico de Electricaribe bajo la administración de la Superservicios y sus dos Agentes Especiales, que llevaron a la empresa a una disolución técnica al perder el 62%, de su patrimonio, tal como lo contempla el artículo 457, del Código Civil Colombiano. Igualmente harán mención de las gabelas otorgadas por el gobierno a los nuevos dueños, que señalamos anteriormente y por último el argumento de la expropiación de sus acciones.
En síntesis todo fue fríamente calculado para que los españoles demandaran y ganaran esa demanda. No sabemos con qué intención lo hicieron pero con el alto índice de corrupción de este gobierno nada nos debe extrañar que muchos estén haciendo fuerza para que esto suceda. ¿Algún día sabremos en cuanto se vendió Caribe Sol, y quiénes son sus verdaderos dueños.
NOTA: Señores parlamentarios del Caribe no sigan mintiendo. Ustedes fueron los que aprobaron el alza de las tarifas, cuando votaron la Ley 1955 de 2019, conocida como Ley del Plan de Desarrollo del gobierno Duque.
Barranquilla, septiembre 20 de 2020.
