Por: Jorge Vergara Carbó

Parece mentira, lo que voy a denunciar, ya que es difícil entender que una Institución como la universidad y la Gobernación del Atlántico, desde el año 2012, fecha en que salió el fallo en segunda instancia de la “Acción Popular” que impetrara ASOJUA con sus propios recursos, en contra del Ministerio de Hacienda y de la Gobernación del Atlántico.

La historia es así: en la administración de Alex Char se firmó el 28 de julio de 2003, un convenio de concurrencia, entre la Nación, Departamento y Universidad para cubrir el pago de las pensiones. En ese acuerdo que fue “lesivo” para la universidad se estableció que el aporte de la Nación al pago de pensiones seria del 75.6%, el Departamento concurriría con el 11.6%, y la Universidad co el 12.8%. A lo anterior en ese convenio de concurrencia desconocía las pensiones extralegales (basadas en la convención colectiva de trabajo vigente desde el año 1.976). Ese acuerdo fue el causante de la crisis financiera de la Universidad, obligándola el gobierno en la administración de Carlos Rodado a entrar a la Ley 550 y a las leyes 922 y 1116, del año 2006. La otra consecuencia de ese convenio fue la intervención por parte del gobierno nacional de la Administración de la Universidad designando como rectora encargada a una funcionaria del Ministerio de Hacienda la doctora Ana Sofía Meza.

Ante este atropello los pensionados organizados en su asociación “Asojua”, impetraron una Acción Popular en el juzgado Décimo Administrativo de Barranquilla en el año 2007, emitiéndose el fallo de primera instancia el 20 de septiembre del 2010, ante acusaciones que hiciera ASOJUA ante la Judicatura por la demora del juez.

Lo curioso de ese litigio, que obligaba a la Nación a concurrir con el 83.78%, del valor de las pensiones, al Departamento con el 12.91%, y a la Universidad con el 3.1%, el fallo fue apelado por la Nación, Departamento y la misma universidad que era la entidad favorecida con esa sentencia. Lo que implicaba que había que esperar el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, para ver si la sentencia quedaba en firme o era revocada. Fue así, como el Tribunal Administrativo en septiembre de 2010, falla confirmando el fallo de primera instancia.

Que es lo triste, que el fallo contemplaba que en ocho(8)meses, la universidad debería con la nación Y EL Departamento efectuar un nuevo estudio actuarial no solo con los porcentajes que estableció la Ley 100/93, sino que todas las pensiones tenían que ser incluidas y eliminar de una vez por toda la figura de “concurrido” y ”no concurrido”, estos últimos los pensionados por la Convención Colectiva. El fallo también obligaba a la Nación reintegrar en un plazo de dos(2)años ,lo dineros dejados de girar por parte de Minhacienda. Igualmente ordenaba crear un comité de verificación de cumplimiento del fallo, integrado por Asojua, Contraloría Departamental y el Juez 10 Administrativo.

Nada de eso se cumplió, y la fecha la Nación solo ha mandado unos recursos por aproximadamente $160.000 millones, de una posible deuda sin incluir moratorios de $500.000 millones, y el Departamento una deuda de $350.000 millones, que para pagarlos el gobernador José Antonio Segebre firmó un acuerdo de pago leonino para la universidad, ya que el acuerdo consiste en pagar  $300 millones anuales, en 30 años..

Ante semejante atropello ASOJUA,  impetro un “incidente de desacato” ante el Juzgado 10 Administrativo, en el año 2017, el cual duerme el sueño de los justos, por la inoperancia de ese Juez, y la decidía de la Universidad y la gobernación para presionar ese incidente de desacato.

Lo inverosímil de todo este proceso, es que recientemente con el encargo como rector del Economista y doctor en Derecho “Jairo  Contreras” y la gobernación de la doctora Elsa Noguera es que se han constituido los equipos de trabajo para reclamarle esos dineros a la Nación y al mismo Departamento, que ojala la gobernadora con el rector Danilo Hernández, quién está comprometido a conseguir esos recursos, revisen el convenio para el pago de la deuda de la gobernación con la universidad en mejores condiciones, que las firmadas.

Eduardo Verano, en ocho años(8), y José Antonio Segebre en cutro(4)años, no adelantaron ninguna labor para recueprar ese dinero, que fue pagado por la universidad con sus propios recursos a los pensionados, y que los pensionados siendo solidarios con la Institución donde trabajaron dio una pelea desigual en contra del Ministerio de Hacienda y le ganaron la partida jurídicamente, lucha que no es fácil en este país ante el poder que tiene el Ministerio de hacienda ante gobernadores, alcaldes, magistrados y jueces       -El Ministerio de Hacienda ha sido el verdugo, de la universidad del Atlántico, no solo tratando de sacar ventaja con un convenio de concurrencia firmado por el gobernador de ese entonces Alex Char, sino que todavía sigue girándole a la universidad los recursos incompletos al no mandar el 1005, de la mesada de los llamados “No concurridos” desconociendo el fallo de los jueces, y ante el beneplácito de los directivos de la universidad que ni siquiera esos recursos lo han reclamado.

Hasta cuando señor Juez décimo Administrativo va a seguir congelando el incidente de desacato. ¿A quién le teme con ese fallo? Usted lleva cuatro (4)años, con ese incidente tenemos que esperar diez o más años, para que usted falle.

Pero miren, así como la universidad se afectó en sus finanzas por no haber girado a tiempo Minhacienda y el Departamento los recursos que le correspondían para pagarle a  los pensionados, también se vio afectada la UNIDAD DE SALUD de la universidad, al dejar de girarle la universidad los aportes de los trabajadores afiliados a la Unidad, al no descontarle a los pensionados que fueron demandados la suma correspondiente al pago de salud que por ley deberían hacer, y que por error o decidía de la universidad no se los descontaron por lo que le corresponde a la universidad asumir esos recursos.

Por ese motivo, Asojua en unión de ASPU, y el sindicato de los trabajadores, vienen reclamándole a la universidad el valor de la deuda acumulada, que es de aproximadamente $25.000 millones, sin incluir moratoria, como solución a la crisis financiera que atraviesa la Unidad de Salud por culpa de las administraciones de los últimos años en la universidad del Atlántico.

De acuerdo al sentir de ASOJUA, no hay más espera para solucionar este problema, ya que están sintiendo en carne propia el deterioro de los servicios ante la falta de medicamentos por la deuda que se tiene con los distintos proveedores como también con quienes prestan su servicio profesional.

¿Hasta Cuando Dios Mío?

No se puede seguir jugando con la salud de trabajadores y pensionados, como tampoco con la calidad de la educación. No hay derecho que teniendo unos recursos para reclamarle a Minhacienda y al Departamento, esos dineros, en diez años no se hayan recuperado.

Me pregunto ¿Dónde estaban los miembros del el Consejo Superior, los parlamentarios y los rectores de estos últimos 10 años, que no fueron capaces de pedirle al ministerio de Hacienda honrara la deuda que tiene con la universidad del Atlántico? No es una limosna lo que se pide, es un derecho soportado en un proceso jurídico, los derechos no se mendigan se exigen.

Señora gobernadora, señor rector, señores parlamentarios, señores de los gremios esa plata la necesitamos ya, la educación no da espera, ni tampoco la salud. Hagan lo que tienen que hacer para lograrlo.

¿HASTA CUANDO DEBEMOS ESPERAR? ¿OTROS 10 AÑOS?

Barranquilla, enero 3 de 2022.