Por: Jorge Vergara Carbó

El reciente fallo a favor de Reficar por parte del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio Internacional (CCl), en el cual ese Tribunal le reconoce una indemnización por US$1.000 millones, más los intereses causados a partir del 31 de diciembre del año 2015, que pueden llegar a unos US$500 millones, es un triunfo amargo o un engañabobos por la sencilla razón que la firma inglesa condenada a pagar, CB&I, hoy jurídicamente no existe, desapareció en 2018 al fusionarse con la firma McDemontt, que en el año 2020 terminó acogiéndose a la Ley 11 (quiebra) de los Estados Unidos. No recibiremos un solo peso, eso lo saben bien las personas que en esta semana que terminó salieron a sacar pecho por lo bondadoso del fallo, cuya reclamación fue por US$2.000 millones, de parte de Reficar y de US$400 millones, por parte de CB&I, pero el Tribunal terminó reconociendo la suma señalada anteriormente más los intereses causados.

Fue así como los señores Juan Carlos Echeverri, Juan Ricardo Ortega, miembros de la junta directiva de Reficar, el periodista Ricardo Ávila en el periódico El Tiempo, el diario El Espectador y El Tiempo en su editorial, el exministro Mauricio Cárdenas, y el exministro Rodolfo Segovia, al unísono, todos salieron a aplaudir ese fallo del Tribunal de Arbitramento como un triunfo, porque esa sentencia, según ellos, demostraba que todos los implicados en el sobrecosto por US$ 4.239 millones “habían actuado de buena fe”, tal como lo expresó la procuradora Margarita Cabello.

En sus pronunciamientos solicitan que la Contraloría General de la República y la Fiscalía revisen sus sentencias condenatorias, teniendo en cuenta el reciente fallo porque la única entidad que no condenó, sino que exoneró, fue la Procuraduría con el famoso concepto para enmarcar “actuaron de buena fe, y los implicados varios exministros de Hacienda y de Minas y Energía, como presidentes de Ecopetrol no tenían experticia en materia presupuestal”, ¡semejante tesis! Como si quién integra una junta directiva o maneja una empresa del Estado cuando toma decisiones lo hiciera de mala fe. Todos por principio actúan de buena fe, pero eso no los puede exonerar de sus errores.

El Espectador tituló su editorial “La resignificación de Reficar” y escribió: “Las medidas adoptadas por la junta directiva no solo fueron claves para terminar la obra, sino para resguardar el dinero de los colombianos”.

Por su parte Juan Carlos Echeverri dijo en el periódico El Heraldo, el día 8 de junio que “el fallo reconoce que Reficar no es un elefante blanco”. Él fue el que interpuso la demanda ante el Tribunal de Arbitramento en el año 2016 como presidente de Ecopetrol afirmando que “con lo actuado, las autoridades nacionales deben revisar decisiones que se hayan emitido al respecto”.

Por su parte, Juan Ricardo Ortega, dijo: “Todo indica que Reficar va a ser otro de esos frecuentes falsos positivos judiciales” y dice para defender a sus amigos involucrados en el caso Reficar: “El control en Colombia no obedece a la defensa de lo público: esta politizado y corrompido”. Por su parte en un comunicado firmado por Javier Gutiérrez, Orlando Cabrales, Carlos Bustillo, Pedro Rosales, Andrés Riera, Uriel Salazar, Magda Manosalva y Reyes Reinoso, funcionarios de Ecopetrol y Reficar le “instaron a que la decisión del Tribunal de Arbitramento debería llevar a la Contraloría a revisar la -según ellos-, injusta decisión que adoptó contra dichos directivos, y en todo caso será determinante en los procesos judiciales por ellos iniciados para obtener la nulidad del fallo proferido en su contra”.

Por su parte, el exministro Mauricio Cárdenas en un tuit aseguró que “Ecopetrol hizo lo correcto al terminar el proyecto y demandar al contratista, pero advirtió que todavía falta para que sea un final feliz. Sin embargo, no es todavía un final feliz. Lo será cuando los colegas injustamente acusados sean exonerados”.

Para complementar la defensa de los involucrados en el negocio de Reficar, el periódico El Tiempo titula su editorial del día 16 de junio de este año así: “El Fallo de Reficar”, me imagino escrito por el periodista Ricardo Ávila, en el cual dice “es hora de reflexionar como se determina que una definición ejecutiva conduce a un detrimento patrimonial”, y sigue diciendo: “Este fallo debe asimismo constituirse en una oportunidad para una revisión autocrítica de las actuaciones y las decisiones de los distintos entes de investigación, vigilancia y control.

También terció el exministro Rodolfo Segovia en su columna de Portafolio “Vidas arruinadas”, atacando al Contralor de ese entonces, Maya Villazón, “cuando como Contralor de la República ordenó investigar por qué una refinería presupuestada en US$3.777 millones (2009) terminó costando US$8.016 millones (2015), y en doble del tiempo previsto para el proyecto. La cifra era escandalosa”

Todos los personajes involucrados sancionados y exonerados de ‘cuello blanco’ salen al unisonó a defender a sus colegas valiéndose de todos los medios de comunicación que son de sus afectos, sin que le digan la verdad de lo ocurrido en ese contrato al país. En sus escritos, varios afirmaron que Reficar genera muchas utilidades para el país, cosa que no es cierta y se nota que los editorialistas y columnistas no se han dado la pela de revisar los estados financieros de Reficar, una empresa que en los años de funcionamiento acumula pérdidas contables de $7,7 billones, a diciembre del año 2022, unos US$ 1.850 millones a la TRM de junio 16 de este año, adicionales al sobrecosto de US$4.239 millones.

Sus pérdidas operacionales y contables se han dado en todos los años de operación, a excepción de los años 2019 y 2022. En este último año presenta utilidades de $2,2 billones, productos de unas mayores ventas, al pasar la refinería de 150 mil BD a 200 mil BD.

Estamos seguros de que los funcionarios de la Procuraduría no revisaron los estados de resultados de Reficar, de haberlo hecho como lo hizo la CGR y la FGR, su sentencia hubiera sido otra; la de condenarlos disciplinariamente por el daño causado. Así como a raíz del fallo por parte de CCI, en contra de CB&I, piden revisar las sentencias de la Contraloría y Fiscalía, deberían pedirle a la Procuradora Cabello que revise su laureada sentencia en la que los exoneró por actuar de “buena fe”. Si revisan los editoriales, como los comunicados y tuits de los implicados, para nada mencionan la situación financiera de la empresa y menos hacen mención que ese fallo puede tener problemas para hacerse efectivo porque la firma demandada jurídicamente hoy no existe, desapareció según las leyes de los Estados Unidos, fue absorbida por otra firma sobre la cual no recae demanda alguna.

El portal Valora Analitik, de junio 10, dice: “Para la Contraloría es claro que no es lo mismo declarar la existencia de un daño a los bienes del Estado y deducir la responsabilidad de las personas que lo causaron, que determinar si las partes de un contrato cumplieron con sus obligaciones”. Sobre por qué la decisión se mantiene, el ente de control explicó: “los parámetros para juzgar la responsabilidad fiscal generada en la gestión o administración de recursos públicos, de servidores públicos y sujetos de derecho privado, son parámetros diferentes (por su origen, causas, efectos y consecuencias), respecto de los establecidos por otras normas en cuanto a responsabilidades, así coincidan los mismos hechos”. Es decir, aunque se fijen en los mismos hechos, juzgan parámetros distintos de responsabilidad. Y dice que, por tanto, el fallo de responsabilidad fiscal en el caso Reficar no está sujeto a revisión o anulación.

Es importante que los llamados partidos alternativos o movimientos de izquierda aprendan bien la lección que nos brindan los funcionarios de alto nivel de los partidos tradicionales de como cuando los atacan o sancionan se unen para defenderse unos a otros. En cambio, los partidos o movimientos de izquierda en vez de ayudarse, se atacan entre ellos mismos. ¿A cuántos alternativos no han condenado las “ías” sin justa causa, acabándoles su vida política y administrativa y cuantos de esos partidos han salido como hoy lo hacen los exministros de Hacienda y de Minas liderados por los periódicos El Tiempo y El Espectador a defender a sus colegas?

Comparto lo de la Contraloría de que sí causaron daño, así recuperen una parte del daño causado. Recuperación que está por verse, como lo explicaré en otra parte de este documento.

DENUNCIAS DE LA USO Y EXSENADOR ROBLEDO SOBRE REFICAR

Antes de entrar al detalle de por qué no recibiremos un solo dólar de los US$1.000 millones reconocidos más sus intereses, es necesario señalar algunos aspectos importantes del negocio de la Refinería de Cartagena por las denuncias que hizo el presidente de la Unión Sindical Obrera, Aury Sará Marrugo, en Cartagena en el año 2001. Sará, un técnico mecánico de 39 años de edad, gran sofbolista, quién lideraba su oposición aduciendo que la empresa no tenía por qué vender sus activos, y para ello venía trabajando en la organización de un foro petrolero en Cartagena para debatir sobre el tema de la ampliación de la refinería de Cartagena.

Aury no alcanzó a participar en ese foro porque por sus denuncias fue secuestrado el 30 de noviembre del 2001, según palabras recientes de Salvatore Mancuso, en la audiencia de Jurisdicción Especial para la Paz, por miembros de la Policía y del Das, para ser entregados a Juancho Dique, quién lo asesino apareciendo su cuerpo con el de su guardaespaldas el 5 de diciembre de ese año, en predios de María La Baja. En esa audiencia, Mancuso afirmó que ese asesinato fue ordenado directamente por Carlos Castaño Gil. Este crimen no quedo impune; el 18 de octubre de 2007, casi 6 años después, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia condenatoria contra los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Carlos Castaño Gil y Uber Banquéz Martínez, alias ‘Juancho Dique’, condenándolos a una pena de 40 años de prisión como determinadores y coautores del crimen de Sará Marrugo y de su escolta.

Razón tenía la USO en sus denuncias dado que el contrato que se firmó con Glencore en 2006, al venderle Ecopetrol el 50,99% de la refinería por US$630,7 millones, no terminaría bien ya que esta firma para operar contrató a la empresa inglesa CB&I, y en diciembre de 2009, y concretamente el 13 de enero del 2010, Glencore le informa a Ecopetrol que deseaba retirarse del negocio, decidiendo la junta directiva de Ecopetrol comprarle su 50,99% por la suma de US$549 millones a través de su filial Andean Chimical, continuando Ecopetrol con el 49,01%, y el contrato leonino con CB&I.

De nada valieron las advertencias de la USO en el sentido de que las firmas contratadas no tenían experticia en el diseño y construcción de refinerías, hecho que ratificó el contralor Turbay Quintero, tal como lo afirmó el exsenador Jorge Robledo en su debate del año 2016 cuando dijo: “Miren la primera que hicieron, ¿saben a quién contrató Glencore a dedo para hacer la modernización?, a los señores de CB&I, a los que nos tumbaron. ¿Sabían algo los señores de CBI de refinerías? Nada. Era la primera que iban a construir en la vida. ¿Sabían los de Glencore de refinerías? Tampoco. Y, sin embargo, les dieron la contratación de esa refinería. Es un hecho tan lamentable, que el contralor Turbay Quintero alcanzó a decir que lo que hacía CB&I lo podía hacer una vicepresidencia de Reficar porque, claro, la experiencia de Ecopetrol sobre refinerías es mucho más grande que la de estos tipos. Es que Ecopetrol opera refinerías hace más de medio siglo”. Era lo que decía la USO, y por eso mataron a Aury Sará Marrugo y otros compañeros suyos.

Los directivos de Ecopetrol hicieron caso omiso, a las denuncias de la USO y del Contralor Turbay, continuando con el proyecto cuyo costo inicial era de US$3.777 millones, y termino costando US$8.016 millones, un sobrecosto que sobrepasó los topes establecidos por nuestro Estatuto de Contratación en US$4.239 millones.

Definitivamente lo que empieza mal tiene que terminar mal. Se prefirió escoger a la firma Suiza Glencore antes que a una firma con experiencia y de América Latina como es Petrobras.

Se salió de Glencore para terminar en manos de CB&I, firma encargada de todo el contrato, cuyo perjuicio para el país no solo fue el sobrecosto sino el lucro cesante que nunca lo calcularon las “ías” que es superior al costo final del proyecto por la demora en la entrada de la planta, lo que le significó al país, tener que importar gasolina y Diesel a precios internacionales.

En su debate Jorge Robledo expreso lo siguiente “Y échenle ojo a esto: vamos a ver por las actas que lo que hace la junta de Reficar y la junta de Ecopetrol ante los gravísimos hechos que están ocurriendo en Reficar es en muy buena medida permitir que sucedan, o no tomar ninguna medida que realmente los impida y, al mismo tiempo, empezar a recaudar papelitos que demuestren en un pleito, más adelante, cómo era que se la estaban robando. Procedieron con negligencia. Y aquí digamos que la negligencia también es un delito. El dolo es un delito y robarse la plata es un delito, pero la negligencia grave también lo es”. Sobre ese tema siguió diciendo Robledo “Le asiste la razón a María Isabel Rueda cuando escribe que es como si uno llegara a la propia casa y encontrara un tipo robándole todos los muebles y, en vez de impedirlo, se parara en la puerta a esperar a que se los acabara de robar y sacarle la foto al ladrón para ver cómo después ponía la demanda. ¡Qué es eso? Finalmente, el senador Robledo señala “corrupción” que deben investigar los entes de control. Las actas de las juntas directivas de Reficar y Ecopetrol mostradas en el debate por Robledo, demuestran que hubo negligencia de parte de sus integrantes.

¿A QUIÉN LE COBRAMOS EL DINERO DEL FALLO?

La demanda se impetró el 1 de mayo del 2016, por el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri solicitando US$2.000 millones, que se consideraban como sobrecosto del proyecto por parte de la firma contratada CB&I. A su vez CB&I, mediante sus abogados, reclamaban US$400 millones a Reficar por mayores costos no reconocidos. El fallo de la CCI se dio en junio de este año, condenando a CB&I a pagar US$1.000 millones, más los intereses causados desde el 31 de diciembre del año 2015.

Es bueno aclarar que el proyecto de Reficar se inició en el año 2006 con la firma Glencore, y en enero de 2010 se le compró su participación a Glencore por parte de una empresa filial de Ecopetrol, pero se continuó con el contrato del operador CB&I, entrando en operación todas las plantas en junio del año 2016, y se inicia operación comercial en 2017.

En el año 2018, CB&I se fusiona con la empresa McDemontt, con el objeto de hacer desaparecer la razón social CB&I y en el año 2020 la firma compradora se acoge a la ley de quiebra de los Estados Unidos (Capitulo 11), maniobra financiera orientada a incumplir con sus deudores. Pero McDemontt logró cumplir con el pago de las deudas y por lo tanto salir de la ley de quiebra y hoy opera normalmente en 54 países prestando sus servicios.

Reficar hoy tiene que buscar la alternativa de como recuperar los US$1.000 millones del fallo más los intereses. No lo puede hacer ante CB&I porque esta empresa no existe. Es posible que la factura se le pase a McDemontt, que fue la firma compradora, no hay otro camino.

El problema estriba en que, en el momento de la demanda por parte de Reficar, en el año 2016, no existía fallo alguno, por lo que al fusionarse CB&I en el año 2018, con la firma citada anteriormente, Reficar no tenía soportes jurídicos para reclamar esa deuda, porque la demanda lo que le otorgaba era una expectativa de recibir a su favor un monto de dinero si el fallo salía a su favor. Pero el fallo salió a su favor, pero en el año 2023, cuando ya jurídicamente CB&I no existe, sino MCDemontt. Igualmente, en esa fusión no se podía incluir como pasivo por parte de CB&I, la reclamación de Reficar.

Tampoco creo que Reficar se haya protegido ante una compañía de seguros del monto que reclamaba en un Tribunal porque, primero, no tendría como saber que CB&I se iba a fusionar y desaparecer como empresa, la demanda fue impetrada dos años antes y, segundo, una compañía de seguros no creo que emita una póliza sobre un pleito donde no hay seguridad de ganar.

Reficar es la única indicada para aclarar esta situación. No puede haber engaño. ellos deben saber al igual que sus abogados que si no lograron en el momento de la liquidación de CB&I que le reconocieran su deuda, que no existía en ese momento, (solo existe a partir de junio del 2023) no tiene como reclamarle a McDemontt, que no tiene nada que ver con la demanda de Reficar, así haya comprado a CB&I, porque esa deuda no hizo parte de su negociación.

Por ello, no creo que recibamos un solo dólar, por lo que, señor Juan Carlos Echeverry, el sobrecosto solo se disminuye contablemente al registrar Reficar esa suma en sus estados financieros, pero que después le tocará penalizarlo debido a que ese dinero no entrará a caja, convirtiéndose en cuenta incobrable.

Finalmente, revisando los estados financieros y el concepto de los auditores, en el balance del año 2022 no se registra ningún activo por cobrar a CB&I. Como lo manifiestan en su informe los mismos auditores, no existía la seguridad de que el fallo saliera a favor de Reficar y menos del monto que le reconocerían de su reclamación.

Toda la información financiera la pueden conseguir a través de Google, solicitando resultado de estados financieros de Reficar año por año.

Lo ideal para el país, y para Reficar es que el gobierno del presidente Gustavo Petro logre recuperar esos recursos, para con ellos pagar parte de la deuda en dólares de la empresa, que incluso paga más por la diferencia en cambio (TRM) que por intereses.

Reficar en el 2022 comenzó a generar utilidades que de mantenerse esas utilidades en cifras por encima de $2 billones, puede recuperar su inversión de US$8.016 millones en unos 15 años. O sea, que el retorno de esa inversión, que se hizo desde el año 2006, se podrá recuperar en 32 años. Un retorno largo, que indica a las claras una mala inversión por su alto costo y su alto endeudamiento externo de más de US$2.500 millones.

No es la primera vez que en el país tenemos este tipo de fracasos en proyectos de inversión productos de la improvisación y, como bien lo dice el mismo expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverri, para justificar sus errores. Cuando se estructuró el proyecto, no se tenía idea del diseño y magnitud del mismo, por lo que el proyecto no valía, dice, US$3.777 millones, sino US$6.000, por eso el reclamó US$2.000 millones y solo reconocieron US$1.000 que estamos por ver si se recaudan. Las distintas juntas directivas de Ecopetrol han tomado decisiones equivocadas, no solo en Reficar, sino en el Perú compro por US$615 millones, y vendió por US$31 millones, el caso de Bionergy, Cenit e Invercolsa entre otros.

Igual sucedió con el Planiep, Urrá, Carbocol, El Guavio, HidroItuango, el Túnel de la Línea, la Autopista Bogotá – Girardot y otros proyectos en los cuales se adjudicaron los contratos sin diseños o a altos costos y endeudamiento externo o inflando las cifras de venta para lograr el cierre financiero.

Si Ecopetrol hubiera escuchado a Aury Sará Marrugo, como al resto de compañeros de la USO, y otras voces autorizadas, otros hubieran sido los resultados y no estaríamos hablando de “corrupción” y por supuesto no se hubieran perdido US$4.239 millones. Igualmente es posible que hoy tuviéramos con vida a Aury y sus compañeros de la USO.

Barranquilla, junio 20 de 2023.