Desde la puesta en marcha el proyecto de ley 172 de 2015, ACOPI ha mantenido su postura de desacuerdo frente a la propuesta que buscaba derogar la flexibilidad laboral alcanzada por la ley 789 de 2002. Consideramos que la medida aprobada en la plenaria del congreso el 14 de junio, (inicio de jornada nocturna a partir de las 9:00 pm con recargo del 75%) no tuvo en cuenta la posición expresada por los diferentes gremios que representan el sector empresarial en Colombia. Para ACOPI, las discusiones legislativas de los temas concernientes a la normatividad laboral colombiana, deben estar enmarcados en un proceso de Análisis de Impacto Normativo, en el cual se priorice la competitividad del sector empresarial, especialmente la del segmento Mipyme, quien es el pilar fundamental de la economía (96,7% de las empresas). Lo anterior, adquiere una importancia mayor si recordamos que uno de los retos actuales es la disminución de la economía informal; según MINCIT el 50% de las empresas presentan algún grado de informalidad, mientras que el DANE afirma que la informalidad laboral del país es del 48,4%. En esta medida, reiteramos nuestra posición de establecer una mejora que simplifique la normatividad a cumplir por parte del empresariado colombiano. Somos conscientes, que mejorar las condiciones del mercado laboral en el país, es uno de los requisitos para ingresar a la OCDE, sin embargo, no debemos olvidar que los países miembros presentan todo un andamiaje legal y productivo que permite a sus empresas competir en las mejores condiciones posibles, es por esto que invitamos al gobierno nacional a revisar de manera integral los modelos productivos y normativos de esos países y así aplicar a nuestra realidad la estrategias que mejoren las condiciones de competencia de las empresas. ROSMERY QUINTERO CASTRO