El exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, interpuso la demanda con el fin de que el Distrito y la ciudadanía de Santa Marta sea reparada por ser víctima de detrimento patrimonial.

• La denuncia penal, que fue dirigida al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pretende que tanto el Distrito de Santa Marta, así como la ciudadanía afectada por las malas prácticas de Metroagua sean reparadas.

*Bogotá, 7 de julio de 2017*

Ante la Fiscalía General de la Nación el exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, interpuso una denuncia penal en contra de Antonio Navarro Reina, Raúl Quintero Lions, Luis Fernando Arboleda, Luis José Londoño, Johana Segreda Mercado, Diego Fernando García Arias y Edmundo Rodríguez Sobrino, exdirectivos de Metroagua, Inassa y Canal Isabel II.

La denuncia penal, que fue dirigida al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pretende que tanto el Distrito de Santa Marta, así como la ciudadanía afectada por las malas prácticas de Metroagua sean reparada por ser víctima de detrimento patrimonial.

“Los exgerentes y representantes legales denunciados, en contubernio con exalcaldes del Distrito de Santa Marta, se encargaron de tornar lesivo para esta entidad territorial un acuerdo bilateral que correlativamente favoreció los intereses de los grandes socios privados de la empresa prestadora”, asegura la denuncia penal de Caicedo Omar, quien agrega que dicho contrato no solo se constituyó en un detrimento patrimonial para la ciudad, sino que afectó a los ciudadanos.

La empresa privada Metroagua tenía en su poder desde el año 1.991 las redes de acueducto y alcantarillado de Santa Marta bajo la modalidad de arriendo amparados en un extraño contrato en el que se quedaban con el recaudo, no tenían responsabilidad de invertir en infraestructura y por si fuera poco, estaban exonerados de pagar por la tenencia de las redes.

Debido a que Metroagua no tenía obligación de invertir las redes de acueducto y alcantarillado se deterioraron rápidamente y como consecuencia el 17% de la población nunca estuvo conectada a las redes de acueducto y el 24% de los hogares tampoco tuvieron acceso al acueducto sanitario. Esto generó una crisis de salud, sobre todo, entre la población menor de 5 años.

Según el documento radicado por Caicedo Omar ante el ente acusador el martes 4 de julio, la denuncia penal se interpuso por “la eventual comisión de Delitos contra la administración pública, con ocasión de la ejecución del contrato de servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Santa Marta”.

Dicha comisión de delitos con la que se afectaron gravemente las finanzas del Distrito de Santa Marta se habrían presentado desde el año 1.991, cuando, irregularmente, se suscribió un contrato de arrendamiento entre el Distrito de Santa Marta y la empresa privada Metroagua.

En el año 1991 la Alcaldía de Santa Marta decidió privatizar la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, pero en vez de abrir una licitación pública para contratar por una concesión a un operador, contrataron a dedo a Metroagua bajo una cuestionada figura legal: el arrendamiento de bienes.

Inicialmente, Metroagua debía pagarle al Distrito de Santa Marta 180 millones de pesos mensuales más el 33% del recaudo, sin embargo, más adelante una cláusula exoneró a la empresa privada de pagar los 180 millones y por si fuera poco, el 33% del recaudo que le correspondía a la Alcaldía fue bajado al 2%.

Pero eso no es todo, tampoco hubo el pacto de una interventoría que vigilara y exigiera a Metroagua y mucho menos se pactaron obligaciones de inversión a cargo del privado, que sólo fueron pactadas en septiembre de 2002, pero con la condición de que la Alcaldía las pagara al finalizar la duración del contrato, el17 de abril de 2017. Haciendo uso de esa gabela que le dieron Metroagua empezó a exigir 58.000 millones de pesos de supuestas inversiones que realizó entre el 2002 y el 2017.