Por: Jorge Vergara Carbó.
Indudablemente que la administración del gerente liquidador Javier Lastra- Edgardo Sojo, fue desastrosa. En el primer año de gestión, es decir durante el año 2.017, la pérdida neta fue de $ 519.354 millones. Las proyecciones de perdida de este año serán de $500.000. Eso significa que en dos años de administración han perdido $$1.02 billones, que al sumarle la perdida que venía arrastrando con la administración de los españoles $475.547 millones, llegamos a una pérdida acumulada de $1.5 billones, cifra superior al patrimonio neto del 2.018, que será de $436.000 millones. Lo que significa que Electricaribe está incursa en las causales de liquidación que contempla el CC en sus artículos 218 y 457, como también en el artículo 60.3 de la Ley 142/94. Sobre esto los gobernadores, los parlamentarios del caribe, como el intergremial del Atlántico y la Cámara de Comercio no dicen nada, ni siquiera tocan el tema. Solo están pendientes de los recursos que la Nación debe invertir y de la llegada de un posible comprador, el cual estamos seguros no llegará dada la situación de la empresa y en especial de su estructura de mercado.
¿Cómo fue posible que en dos (2) años, Javier Lastra-Edgardo Sojo, llevaran a la empresa a la quiebra, al perder aproximadamente un billón de pesos?
Esos resultados confirman lo mal administrador que ha sido la Superservicios, ya que vuelven a repetir la mala labor que habían desarrollado al intervenir las siete electrificadoras de Corelca a finales de los años 90, las que también terminaron llevando a la quiebra.
Ese es el riesgo que no podemos correr los atlanticenses en la Triple A bajo el mando de la SAE. Empresa esta, cuyos antecedentes son negativos, plagados de corrupción al malvender los activos que se le entregaron en custodia. Los titulares de los distintos medios de comunicación denunciaron las distintas irregularidades sin que a la fecha se hayan tomado decisiones con los 14 parlamentarios involucrados en dichos malos manejos, como también con sus funcionarios.
Hemos pedido una auditoría forense en el caso de Electricaribe para verificar los distintos registros contables, en especial revisar los distintos contratos y pagos que hiciera Javier Lastra durante su administración, los contratos que se firmaron con la firma del abogado Chapman, miembro de la junta directiva de la CCB, sin saber qué tipo de labor puede desarrollar un abogado en Electricaribe.
Volvemos a insistir ante la PGN, FGN y CGN, se investigue al ex superservicios José Miguel Mendoza, por su decisión de intervenir a Electricaribe en vez de esperar que esa empresa en el lapso de un año a más tardar se declarara en quiebra, tal como lo venían mostrando las distintas proyecciones financieras de dicha empresa.
Creemos que con su decisión favoreció a los españoles y le causará un detrimento patrimonial al país de US$1.600 millones, monto de la demanda que impetraron en un Tribunal de Arbitramento del Banco Mundial y que gracias a la intervención, que los españoles catalogaron de expropiación y a los malos manejos de la Superservicios le dieron argumentos sólidos para presentar una buena demanda y salir favorecidos.
Lo que sucede y nadie dice es que el señor José Miguel Mendoza, es hoy socio de la firma del Fiscal Néstor Humberto Martínez. Desde hace más de un año denunciamos este hecho, al igual que denunciamos al señor Javier Lastra cuyos antecedentes judiciales no eran los mejores, fue suspendido como concejal de Bogotá, por el Consejo de Estado y dicha sentencia ratificada por la Corte Constitucional, ¿Por qué nombrarlo en Electricaribe entonces?
Con esos resultados económicos y técnicos tan malos, lo que le corresponde al gobierno es conformar una nueva empresa integrada verticalmente con Gecelca, Urra y Traselca, y por supuesto modificar las leyes 142 y 143 de 1.994, para que pueda la nueva empresa operar sin traumatismos. No hay en el mercado empresa extranjera alguna que invierta US$2.500 millones en un mal negocio. Por ello, mientras siga en manos de la Superservicicos cada vez se incrementaran las pérdidas.
Los caribeños y en especial los atlanticenses debemos movilizarnos para que Electricaribe la administre dirigentes de la región con conocimiento en la materia, integrándola con sus empresas generadoras de carácter público, e igualmente hacer con la Triple A. No podemos seguir permitiendo que sea la SAE, con sus antecedentes negativos quién maneje una empresa que hoy rinde utilidades, porque corremos el riesgo que la empresa se pueda deteriorar.
Hoy el sector financiero, como los contratistas y proveedores le han cerrado las puertas. Tenemos noticias por confirmar que hay problemas serios en el tratamiento de aguas negras en Barranquilla y varios programas de inversión están paralizados. Eso es grave. El desarrollo de la ciudad se puede ver afectado por estas dos empresas de servicios públicos domiciliarios.
Qué preferimos, ¿que a nuestras empresas de servicios públicos domiciliarios las dirijan personas del interior del país sin conocimiento del área o la manejen nuestros gobernantes, que son los mejores del país?
USTED QUE PIENSA. PRONUNCIESE EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. NO GUARDE SILENCIO. DEFENDAMOS NUESTRAS EMPRESAS COMO LO HACEN LOS ANTIOQUEÑOS.
Barranquilla, Diciembre 18 de 2.018
