Marta Lucía presentó su programa para liberar a Colombia de la Corrupción

Desde el mítico Puente de Boyacá, cuna de la Independencia, la candidata del movimiento ‘Por una Colombia Honesta y Fuerte’ presentó una robusta oferta programática para combatir este flagelo que cada año roba a los colombianos $40 billones.

 

Un grito de independencia frente al flagelo de la corrupción lanzó este viernes desde el emblemático Puente de Boyacá la candidata presidencial independiente Marta Lucía Ramírez tras presentarle al país un robusto programa con el que combatirá desde la Presidencia de la República este flagelo.

“Colombia debe librar una verdadera batalla por la transparencia y la ética y en contra de la corrupción”, aseguró Marta Lucía tras denunciar que buena parte la sociedad colombiana “se ha ido acomodando a una doble moral que es totalmente inaceptable tanto en el ámbito de lo público como en la esfera privada”.

“Merecemos una sociedad que reivindique los valores, la decencia y el respeto a la Ley como punto de identificación y encuentro que permita la reconciliación y la construcción conjunta de ese país educado, seguro, justo, emprendedor, próspero e incluyente, que de verdad garantice la paz y la concordia a nosotros y a todas las generaciones venideras”, señaló.

Durante un acto de lanzamiento que se cumplió este viernes en el emblemático Puente de Boyacá, Marta Lucía también hizo énfasis en que “el compromiso con una verdadera democracia supone que el Estado y la sociedad luchen contra la compra y venta de votos a cambio de dinero, contratos y burocracia que envilecen el proceso electoral”.

“Los colombianos debemos entender que hay prácticas que acaban con la dignidad de los ciudadanos que se prestan para la suplantación, trasteo de cédulas, alteración de las planillas electorales y, por supuesto, la financiación de las campañas políticas con dineros corruptos o desconociendo las restricciones que impone la Ley”, señaló.

Finalmente, la aspirante invitó a las instituciones del Estado colombiano a estar al servicio de 50 millones de colombianos, “sin privilegios de ninguna índole ni asignaciones burocráticas o de contratación en favor de la clientela o de las roscas políticas o de poder que han tenido prácticamente escrituradas algunas instituciones públicas en favor de unos pocos y en detrimento del bien común”.

(Fin/cs)

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